Entre negociaciones a puertas cerradas, nuevos nombramientos exprés y la sombra de Washington, el Presidente redobla su apuesta por concentrar el poder y blindar sus reformas más polémicas.
Javier Milei pisa el acelerador. Mientras el país se hunde en la recesión y la bronca social crece, el Presidente mueve las piezas de su nueva mesa política para garantizar la aprobación de sus reformas y del Presupuesto 2026 en sesiones extraordinarias. Todo, antes de tomarse otro vuelo rumbo a Estados Unidos, donde buscará —una vez más— el visto bueno del poder financiero.
En la Casa Rosada, el clima es de urgencia. Karina Milei, la hermana del Presidente y verdadera operadora del régimen libertario, ya reunió a diputados y senadores electos para marcarles la línea: disciplina total y ni una fisura frente a los próximos debates. A su lado, Martín Menem y Patricia Bullrich afinan los detalles de una estrategia que busca imponer el ajuste sin diálogo y con el Congreso de rodillas.
El nuevo protagonista de esta trama es Diego Santilli, quien se prepara para jurar como ministro del Interior antes del 10 de diciembre. Aunque todavía no dejó su banca, ya actúa como emisario de Milei ante la oposición, prometiendo puentes mientras afila las tijeras del recorte. Su tarea: abrir camino a las reformas laboral, fiscal y al nuevo Código Penal, proyectos que significan más flexibilización, más impuestos regresivos y menos derechos.
Fuentes cercanas al oficialismo admiten que todo está bajo el mando directo de Karina Milei, que “coordina” la avanzada junto a Bullrich y Menem. Tres nombres, un mismo objetivo: mantener el poder concentrado y aplastar cualquier resistencia legislativa.
El Gobierno prepara sesiones extraordinarias durante el verano, cuando el termómetro social y político promete estallar. Mientras tanto, Milei mira al norte, a la espera del próximo aplauso extranjero que legitime su programa de ajuste doméstico.
En el país real, el pueblo sigue esperando respuestas. Pero en el Palacio, la prioridad parece ser otra: blindar el poder, aunque el costo lo paguen todos los argentinos.
