Mientras el país atraviesa una de sus peores crisis económicas y sociales, el Congreso vuelve a poner sobre la mesa un tema sensible: la eutanasia. El diputado radical Julio Cobos presentó un nuevo proyecto para legalizar la práctica, inspirado en la reciente aprobación de la ley en Uruguay.
El texto propone habilitar la “muerte asistida” o el “suicidio asistido”, donde un médico podría aplicar o recetar la sustancia que cause la muerte del paciente, siempre bajo control judicial y con consentimiento informado. Los impulsores aseguran que se trata de un “acto de libertad” y un paso hacia una “muerte digna”.
Sin embargo, la propuesta despierta polémica. En un país donde los hospitales carecen de recursos, los pacientes esperan meses por una cirugía y miles de jubilados no pueden pagar sus remedios, muchos se preguntan si el Estado no debería priorizar garantizar una vida digna antes que legislar sobre cómo morir.
Cobos defiende su iniciativa diciendo que “la sociedad ha madurado” y que la decisión de Uruguay fue un impulso para retomar el debate. Pero en la calle, el tema genera más dudas que certezas. En tiempos de angustia y desigualdad, la discusión sobre la eutanasia divide opiniones y deja una pregunta incómoda flotando: ¿qué significa una muerte digna en un país donde vivir se hace cada día más difícil?
